"La corrupción no es un problema de un Gobierno o de un año, es un problema estructural", opina el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) Ricardo Barrientos, ex vice ministro de Transparencia y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas de Guatemala (2009-2010).
Barrientos destaca la falta de reformas estructurales en Guatemala y compara el problema existente con un "cáncer estructural" que alcanza a todos los sectores. De la misma opinión es Ronalth Ochaeta, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y asesor para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Ochaeta califica la situación que vive el país como "una suerte de cáncer" y señala que las reformas estructurales que necesita Guatemala no avanzan por "el pacto de corruptos entre congresistas y el presidente de la República".
Por su parte, Julio Prado, el exfiscal del Ministerio Público de Guatemala y abogado litigante quien imputó al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina por el caso Cooptación del Estado, destaca entre los problemas existentes el "no tener el rastreo de cómo se están manejando las finanzas del partido" y el hecho de que las instituciones de vigilancia "tienen pocos dientes" para investigar si el dinero se está administrando bien o no.
"Después de los procesos que acontecieron en 2015 este Gobierno ha tenido un problema de baja ejecución", sostiene Prado, quien agrega que "los funcionarios públicos no pueden fluir ahora que intentan no ser corruptos". ¿Qué significa la baja ejecución? "Será que la corrupción es la mejor manera de administrar el Estado y que fluye todo de manera eficiente", explica.