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Los rascacielos de Panamá son un "espejismo" que oculta las necesidades de los pueblos indígenas
Pese a no ser un país conocido por la temática indígena, en Panamá conviven al menos 8 pueblos originarios. Su situación social, legal y política plantea ciertos debates irresueltos en la sociedad del país, puesto que la ley, en teoría, protege sus derechos, pero el propio Estado acostumbra a no cumplirla en lo referente a este tema. En 'Cartas sobre la Mesa', desde Panamá, Luis Castro conversa con tres líderes de pueblos indígenas que plantean las preocupaciones y demandas de su gente.
La situación de las comunidades indígenas en Panamá no es diferente a la de otros pueblos originarios en América. Panamá cuenta con cinco etnias indígenas reconocidas y al menos tres más cuyos territorios no han sido reconocidos. Los dos grupos más importantes, los Guna y los Ngäbe, se adaptan poco a poco a la vida urbana buscando mejores oportunidades de vida.
Mani Jorge Stanley, representante del pueblo Guna, asegura que estas comunidades llevan una "lucha permanente por más de 100 años" en busca de que el Estado reconozca la autonomía económica y política de los pueblos originarios de Panamá.
Por su parte, el coordinador de la Sociedad Civil Ngäbe-Buglé, Santiago Abrego, lamenta que "ningún" Gobierno de turno panameño "ha querido reconocer" ni tampoco ha tenido en cuenta a los pueblos indígenas en sus políticas de Estado.
"A través de las diferentes leyes que se han creado las diversas comarcas, se prevé el mejoramiento social y económico para esos pueblos. Sin embargo, al final, la política del Estado hacia los pueblos indígenas es totalmente contraria a lo establecido en las leyes", comenta Ricardo Miranda, dirigente de la comarca Ngäbe-Buglé.
Además, los invitados aseguran que el desarrollo económico reflejado en los rascacielos de la capital panameña es solamente un "espejismo", ya que en el interior del país los campesinos, las comunidades indígenas y afroamericanas "están abandonadas".
Según Miranda, el canal de Panamá también pertenece al pueblo Ngäbe-Buglé, pero "ni el 1 % de sus ingresos" revierte en los pueblos originarios del país, y, como resultado, las comunidades no cuentan con servicios sanitarios ni educativos.
Pese a todo, los tres dirigentes esperan que el Estado panameño empiecen a cumplir con las leyes aprobadas varias décadas atrás en favor de los pueblos indígenas y vele por su desarrollo.
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