El Salvador es uno de los países más restrictivos de América Latina en materia de aborto, desde que en 1998, bajo la presión de la Iglesia Católica, se modificara la Constitución y se penalizara criminalmente la interrupción del embarazo desde su concepción. Decenas de mujeres salvadoreñas han sido condenadas a largas penas de prisión por esta razón, a la vez que organismos de Derechos Humanos abogan por una flexibilización de la legislación, sobre todo para las víctimas de violaciones.