Guido Leonardo Croxatto a Rafael Correa: "Pedro Castillo prefirió exponerse, correr el riesgo por llevar adelante una reforma política real"

En este nuevo episodio de 'Conversando con Correa. Golpes de Estado', el expresidente ecuatoriano Rafael Correa conversa con Guido Leonardo Croxatto, abogado de Pedro Castillo. El expresidente peruano cumple actualmente 36 meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal y otros 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión y conspiración tras su intento de disolver el Congreso, en diciembre de 2022.

En este contexto, Croxatto, constitucionalista y experto en derechos humanos, comienza abordando la detención del mandatario, que califica de "arbitraría" porque está sustentada en una figura legal peruana que, en su opinión, es "absurda e irregular".

Según cuenta, Castillo es acusado de "flagrancia o cuasi flagrancia", que se refiere a la captura de un individuo justo después de ejecutar un hecho delictivo. Cuando fue detenido, Castillo estaba en un coche con sus hijos camino a la Embajada de México. No había una rebelión en marcha ni se estaba fugando, resalta Croxatto. "La cuasi flagrancia es una de las grandes irregularidades de la legislación peruana. Por eso yo digo que el problema de Perú es más de fondo, solo que el caso Castillo lo pone sobre la mesa", añade el argentino.

Croxatto recalca que en el caso del expresidente no se respetó el debido proceso para destituirlo, partiendo del hecho de que su detención preliminar no solo es inconstitucional sino "incorrecta procedimentalmente". "Ellos se inventaron la cuasi flagrancia de una rebelión que no existió (…) Si no hubo alzamiento en armas, no hubo rebelión. Entonces, no puede haber flagrancia de un delito que no se estaba cometiendo", opina.

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Su destitución: ¿inevitable?

Hablando del tema de la destitución, Correa considera que era una situación inevitable, no solo por la debilidad de su Gobierno, sin mayoría en el Congreso, y por el juicio político que se llevaba en su contra, sino por el discurso en el que anuncia su decisión de disolver el Congreso y poner en marcha un gobierno de excepción. "Él mismo abrió las puertas para ser destituido, dándole argumentos a esa oposición", subraya.

En este sentido, Croxatto defiende el intento de Castillo de reorganizar al Sistema de Justicia e intentar apartar a aquellos congresistas que representan los intereses de los grandes monopolios y oligopolios. "Él representa otros sectores que sienten una profunda desconfianza también por las instituciones, no en sí mismas, sino porque están manejadas en contra del pueblo", afirma.

"Yo estoy para servir al pueblo. Esto es lo que el pueblo me pedía. El pueblo no quiere más este Congreso corrupto, este Poder Judicial corrupto y racista ", aseguró en ese entonces Castillo, según cuenta su abogado, añadiendo que lo habían elegido para cambiar eso, pero no había manera de hacerlo porque no lo dejaron gobernar.

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Salto al vacío: diluir el Congreso o defenderse

Junto a Eugenio Raúl Zaffaroni, quien también hace parte de la defensa del exmandatario, Croxatto no solo busca su salida de prisión, sino su restitución porque es la "salida jurídica jurídicamente viable, incluso si se le quiere hacer un juicio político". En este sentido, Correa menciona que Castillo "prefirió disolver el Congreso" en lugar de ir a defenderse ese día del juicio político en su contra.

Croxatto recuerda que a Castillo no lo habían convocado a un juicio político el día que anunció la disolución porque "no tenían los votos necesarios". "Por eso genera tanta curiosidad el discurso que él da, porque la noche anterior no estaban los votos necesarios parta destituirlo, para vacarlo por incapacidad moral. Por eso muchos no terminan de entender por qué él finalmente, a la mañana siguiente, lee este discurso", asevera.

Si bien, con la detención de Castillo tras su discurso, la Fiscalía consideraba que el presidente planeaba un golpe de Estado, nunca hubo "actos preparatorios" o "conspiración", insiste el abogado, aclarando que el discurso presidencial en sí no significaba la disolución del Congreso. "No lo había firmado nadie, ese discurso (…). Ni los ministros estaban de acuerdo", argumenta.

Correa y Croxatto coinciden en que no existió ni rebelión ni conspiración. No obstante, el intento de Castillo de disolver unilateralmente el Congreso acarrea una sanción desde el punto de vista legal que, según el letrado, se denomina "proceso por infracción constitucional". De cualquier modo, Croxatto piensa que el mandatario tenía razón en querer cambiar al órgano legislativo. "Hay que entender lo mal que funciona [el Congreso], y lo criminalmente que funciona el sistema racista peruano en un Congreso enquistado con criminales de lesa humanidad siendo congresistas (…) Él [Castillo] prefirió exponerse, correr un riesgo por llevar adelante una reforma política real", concluye.