Naciones como Brasil, Argentina, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Mozambique o Angola tienen algo en común: todas están salpicadas por el caso Odebrecht, uno de los mayores entramados de corrupción en la historia de Latinoamérica, cuyo alcance es, de momento, incalculable: 800 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht repartidos en sobornos y dádivas para grandes proyectos de construcción e incluso campañas presidenciales.
Parece salido del guion de una película, pero sus protagonistas son empresarios, políticos, presidentes y expresidentes reales. Los detalles de estas confesiones aún se mantienen bajo secreto de sumario y amenazan con desatar un huracán político aún mayor cuando se hagan públicos.
Construir el abismo
En diciembre del 2016 el Departamento de Justicia de EE.UU. puso al descubierto el mecanismo secreto de lavado de dinero empleado, una especie de departamento para los sobornos que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares en coimas. Para evitar el rastreo del dinero usaban compañías off shore y empresas falsas.
Aunque el documento que publicó la Fiscalía estadounidense no especifica los nombres de los implicados, en varias naciones sudamericanas ya son muchos los que podrían sufrir las consecuencias de este escándalo. Las sospechas recaen sobre los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, sobre distintos funcionarios de los gobiernos de Argentina y hasta sobre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el mandatario brasileño, Michel Temer.
¿Hasta qué punto podrían estar implicados los diferentes gobiernos en este asunto? RT y TeleSUR desgranan las claves de este oscuro caso que ha dejado obras arquitectónicas canceladas, proyectos de transporte urbano detenidos y un sinfín de perjuicios que ensombrecen ahora la vida de las decenas de miles de ciudadanos.