El único testigo del asesinato de Berta Cáceres revela más detalles sobre el suceso

La noche del 2 de marzo, Gustavo Castro trabajaba en casa de Berta Cáceres cuando escuchó un ruido muy fuerte y los gritos de la ambientalista indígena hondureña. Fue entonces cuando este activista mexicano, quien conocía los antecedentes y sabía que ya habían intentado asesinar a Cáceres, se percató de la llegada de varios sicarios. Uno de ellos le apuntó a la cabeza y enseguida sonaron disparos en la habitación de Berta.

En la entrevista que ha concedido a RT, Castro relata que como esos matones "se tenían que ir", decidieron dispararle "rápido: salen corriendo, piensan que me pegaron la cabeza", pero "por puro milagro me moví muy rápido, solamente me rozaron la mano y me tumbaron un pedazo de oreja, pero pensaron que yo me había muerto".

Intereses enredados

Durante los días posteriores, el Gobierno, el Ejército y la Policía de Honduras intentaron ocultar los hechos y todo lo que había detrás de este "complot". Las autoridades del país detuvieron al único testigo de lo sucedido sin presentar ninguna resolución judicial e, incluso, la juez suspendió de su ejercicio profesional a la abogada de Gustavo Castro para dejarlo sin defensa. Este mexicano analiza con sus letrados la posibilidad de presentar una demanda contra el Gobierno de Honduras por "retención ilegal, violación de los derechos humanos" e, incluso, "a sus propias leyes": al Código Penal y a la Constitución.

Castro considera que la investigación de la muerte de Berta Cáceres es débil y exige que la realicen expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero detalla que el Gobierno hondureño mantiene en secreto "todos los documentos ministeriales" e impide una investigación de este tipo. El activista mexicano sostiene que se trata de "una red muy grande" en donde "hay involucrados muchos intereses".

Impunidad total

En Honduras, los activistas medioambientales no están protegidos y las autoridades no ayudan a investigar los asesinatos. "El 90 % de los casos no son investigados; entonces, hay una impunidad total", comenta Gustavo Castro. Según este activista, la situación no es mejor en otros países de América Latina como Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Perú o Brasil.

Respecto a la importancia de la lucha de los medioambientalistas, el activista se hace eco del desarrollado sector de la minería, que no solo "depreda el medio ambiente", sino que "también afecta a la salud humana".

"En la medida en que los Gobiernos van negociando tratados de libre comercio, tienen que garantizarles a las corporaciones extranjeras todas las medidas para sus inversiones, so pena de ser entonces demandados ante tribunales con millones y millones de dólares de multa", indica Castro, quien detalla que hoy en día a los Gobiernos les resulta más fácil y barato criminalizar la protesta social y los derechos humanos: "La criminalización en América Latina es espantosa".

Uno de los oficios más peligrosos de América Latina

Defender los derechos humanos y el medioambiente se ha convertido en uno de los trabajos más peligrosos en América Latina, ya que los Gobiernos no quieren permitir que la indignación de los activistas detenga la inversión que fluye de las corporaciones, señala Gustavo Castro, quien sostiene que la situación puede cambiar solo en el caso de que se adopte una política diferente y mecanismos de desarrollo distintos.

Para finalizar, este activista mexicano destaca que los problemas ambientales afectan a todos, no solo a los indígenas o campesinos, por lo cual conmina a los políticos a gobernar en función del planeta y de las mayorías, no de unas pocas empresas transnacionales.