El maestro en Economía Ricardo Rodríguez Vargas es el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Bajo esta incisiva denominación se encuentra una institución pública mexicana, que si bien ya existía bajo el nombre del Servicio de Administración y Enajenación (SAE), bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el cambio de nomenclatura, ha tomado un nuevo rumbo.
Esta entidad gestiona y enajena diversos bienes, además de tener bajo su mando diversas liquidaciones del Gobierno federal. "Es algo atractivo para la Administración Pública, en el sentido del desempeño, que se puede hacer muy positivo y con mucho ánimo de servir a la población", afirma Rodríguez sobre sus nuevas tareas.
La satisfacción a la que el director de este organismo se refiere es la función social que actualmente cumple el Instituto, al destinar los recursos obtenidos al liquidar esos bienes a distintas necesidades de la población.
Los recursos gestionados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado son casi todos "bienes tóxicos", es decir, aquellos que tienen diversos problemas para poder venderlos.
"Administramos los bienes asegurados que nos transfiere la Fiscalía. Por ejemplo, acabamos de vender la casa de Zhenli Ye Gon", dice Rodríguez, en referencia a la lujosa mansión de este empresario chino-mexicano, relacionado con el narcotráfico, que estaba en poder del SAE desde 2012.
Además, confirma que casi todos estos bienes provienen de "procesos judiciales, penales y fiscales", aunque también gestionan los provenientes del comercio exterior, es decir, "lo que se incauta en las aduanas", todos ellos artículos que son subastados y vendidos.
Una vez que se incautan los bienes, pasan a ser gestionados por este organismo, pero hasta que la Fiscalía no los declara en abandono no se puede proceder a su enajenación. En este sentido, el director del ente habla de una buena noticia: la extinción de dominio, una nueva legislación que se acaba de aprobar con la que se agilizarán la administración y enajenación de todos estos recursos.
Lo cierto es que siempre habían existido este tipo de subastas, pero ahora se ha producido una transformación "sustantiva" de lo que era el SAE: "Las subastas ahora tienen un sentido social". Así, el responsable del Instituto cuenta cómo la gente que compra estos bienes sabe que ese dinero se va a ir a hospitales, escuelas o carreteras, por lo que algunas personas han dado en llamar Robin Hood al nuevo servicio.
"Las subastas con sentido social dan la vida al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", sostiene Rodríguez, quien agrega: "Nuestro objetivo es un resarcimiento histórico".
De este modo, los recursos obtenidos por estas subastas se dedican a cubrir necesidades sociales de la población más necesitada. Hasta ahora, se han repartido entre los cuatro municipios más pobres del país. Todo ello bajo la vigilancia de un Consejo Social, que es un órgano colegiado en el que está incluido el presidente de la República, entre otros representantes de diferentes organismos estatales. "Debemos ser vigilados y rendir cuentas de todo a la ciudadanía porque es su dinero", afirma el entrevistado.
La mayor parte de los bienes que pasan por las manos de este Instituto reformado son casas, vehículos y joyas, aunque los que proceden del comercio exterior cubren un abanico mucho más amplio, donde se pueden encontrar celulares, lentes, zapatos y un sinnúmero de artículos dentro de una gran diversidad.
A partir de ahora, Rodríguez anuncia que se organizarán subastas con sentido social de forma recurrente cada dos o tres semanas, donde quien gaste su dinero sabrá exactamente a qué será destinado.
Para saber más sobre el nuevo funcionamiento de este organismo público mexicano de la mano de su director, les invitamos a ver la entrevista completa.
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