El candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en una conversación con RT analiza las elecciones en el país andino tras llegar al balotaje, mientras mantiene la fe y esperanza de poder revertir el resultado de la segunda vuelta que, según los datos oficiales, dan la victoria a su rival, Keiko Fujimori.
Para Sánchez el proceso electoral en la nación atraviesa una crisis de legitimidad marcada por cambios en las reglas de juego, falta de transparencia y "una forma de gobernar de manera autoritaria" que ha copado "todas las instituciones, sistema de justicia y los poderes jurisdiccionales" en un escenario donde "los medios de comunicación privados peruanos se han convertido en una oligarquía representante de la derecha política", donde "prima el mercantilismo sobre los derechos humanos, la justicia y el desarrollo humano".
"Levantar un proyecto democratizador alternativo"
Explica que su candidatura nació como la continuidad "de un movimiento popular" en el que un maestro, en referencia a Pedro Castillo, llegó a la Presidencia y "fue vacado ilegalmente". En ese marco, afirma que ha asumido "la responsabilidad de levantar un proyecto democratizador alternativo" al actual modelo que gobierna en Perú.
Según el político, en la segunda vuelta de los comicios se han presentado irregularidades en la cadena de custodia para el traslado de las actas de voto en el exterior, asegurando que hubo un cambio clave en las normas a seguir. "En el Perú hemos ganado en 16 regiones de 24, en 1.520 distritos de 1.800 distritos, en 156 provincias de 196. Es decir, el Perú está de verde. En el Perú, en el proceso natural, en el territorio nacional, ganamos por 26.000 votos, estrecho", sostuvo, subrayando que "la diferencia final se definió con los sufragios de peruanos en el exterior".
A partir de estas objeciones, comenta que desde Juntos por el Perú han pedido recuento de votos e "invocado, en el marco de la ley, la nulidad precisamente de estas elecciones en las oficinas consulares". Sin embargo, manifestó que "ni Fuerza Popular ni el sistema electoral" lo aceptaron. "Yo creo que un recuento le daba legitimidad, le agrega confianza", insistió.
Mientras tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que el proceso en el exterior se siguió con rigurosidad el envío de votos sellados y aseguran que no han cambiado las reglas del juego.
"Legado de corrupción, legado de autoritarismo"
Consultado sobre si aceptaría una eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del país, respondió que en un contexto sin "copamiento de instituciones" el resultado sería distinto y "diría que Juntos por el Perú ha sido ganador". Así, destaca que, si el sistema electoral determina lo contrario a lo que su partido cree, entonces agotarán "todas las instancias posibles" previstas en la ley, incluida la vía interamericana.
Respecto a un posible gobierno de Fujimori, Sánchez habla de un "legado de corrupción, un legado de autoritarismo" y advierte que "las regiones del sur no la quieren recibir por su actuación respecto a los derechos humanos", por lo que promete una vigilancia activa.
"La resistencia es con todas las acciones siempre en el marco de la democracia, la ley, el respeto a la vida en los derechos constitucionales. La protesta pacífica, la movilización pacífica es un derecho constitucional. Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad", agrega.
"Secuestrado injustamente" durante 42 meses
Sobre Pedro Castillo, sostiene que fue "vacado ilegalmente" y "secuestrado injustamente" durante 42 meses. Acusa a Fujimori de haber dirigido "el complot" junto a sus aliados, al tiempo que reivindica como banderas de su partido la "recuperación de un gobierno democrático", "justicia para los mártires del sur" y libertad para el expresidente.
Finalmente, asegura que en Perú hay una "necesidad de cambio" evidente, pero denuncia que también existe "una acción bien directa de intervención norteamericana en los procesos y en la soberanía" de los países de la región, lo que, a su juicio, condiciona la expresión plena de la voluntad popular.