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España: El laberinto de la okupación

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La okupación de viviendas vacías en España es un fenómeno complejo: producto de las anomalías de un mercado inmobiliario que abandona a mucha gente en la cuneta, suele juzgarse desde un prisma ideológico y de justicia social que a su vez deja en la sombra a unas víctimas para arrojar luz sobre otras. Y el fenómeno está lejos de ser irrelevante: en el 2020 se pusieron más de 14.000 denuncias.
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En 2020 se realizaron alrededor de 14.000 denuncias de ocupaciones en España. Según un informe de la Obra Social de Barcelona, el 80 % de estas ocupaciones se producen en viviendas propiedad de fondos de inversión o grandes tenedores. Uno de ellos es la Sareb, la empresa que gestiona los inmuebles más problemáticos de los bancos rescatados. Miles de ellos están en desuso por todo el país.

Julia Osta, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sostiene que los participantes de esta organización de la sociedad civil solo entran en casas y pisos de fondos buitres y grandes tenedores y bancos: "Nuestro objetivo es poder dar solución habitacional a familias que lo necesitan y que no tienen otra forma de acceder a un piso", explica.

Osta cuenta que la ocupación "es el final de un proceso de intentar conseguir una vivienda digna y no conseguirlo", y que apoyan a muchas familias desahuciadas a causa de las subidas de los alquileres o por la pérdida del empleo. 

Recuperando un edificio vacío

En Sant Celoni, un municipio de Cataluña, la PAH acaba de recuperar un edificio completo. Pertenece a la Sareb y llevaba 13 años vacío, desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, y ahora será el hogar de 13 familias vulnerables.

Juan Pedro, junto a su mujer, es una de las personas que darán vida a este edificio. Su caso es dramático, pero no difiere mucho de otras historias que la plataforma ha visto en los últimos años. Han vivido tres desahucios, el primero de ellos en 2008, que les llevaron a dormir en el coche, albergues o a la intemperie, hasta que se dirigieron a la PAH.

Por el camino no solo perdieron su vivienda: "Me retiraron a mis hijos la Generalitat [el Gobierno catalán] porque nos íbamos a quedar sin piso, los niños se iban a quedar desamparados. Fuimos a pedir ayuda a la asistenta, pero la ayuda que nos dieron fue retirarnos a nuestros hijos", relata Juan Pedro.

"Hay miles de viviendas vacías, bloques vacíos como este, llenándose de polvo. Gente en la calle. Como se suele decir, gente en la calle y casas sin gente. No es lógico lo que esta pasando", resume la situación este padre de familia.

Detrás de una ocupación de este tipo hay negociaciones con el ayuntamiento, charlas con los vecinos para explicar sus propósitos y estrategias para evitar que la Policía les expulse.

Más adelante toca enfrentarse a la ley en un proceso judicial que puede durar meses e incluso años, o bien a una de las empresas de 'desokupación' que han nacido en los últimos años, que se mueven en un limbo legal, y que sostienen que su principal cometido es la negociación, pero que han sido también acusados de utilizar prácticas más agresivas, como los controles de entradas y salidas o la intimidación.

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