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Puerto Rico: pueblo pobre
La gente que presupone que los puertorriqueños disfrutan de riqueza y bienestar porque el archipiélago está bajo el paraguas de EE.UU., no conoce bien la situación. En Puerto Rico sí hay personas a las que la vida les sonríe y gozan de enormes ventajas fiscales, son inversionistas extranjeros. Lo cierto es que la población autóctona sufre desahucios, cierres de escuelas, privatización de zonas públicas y un sinfín de injusticias, mientras la corrupción y la especulación campan a sus anchas.
Técnicamente, Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos. Es decir, pertenece al país norteamericano, pero no forma parte del mismo. De hecho, el comité de descolonización de Naciones Unidas anualmente reafirma el derecho de ese territorio a su libre determinación e independencia. Es en ese marco político especial en el que los boricuas viven, aunque, para muchos, más bien sobreviven.
En tan solo dos décadas, el Gobierno puertorriqueño ha eliminado unas 100.000 viviendas públicas destinadas para familias pobres, mientras ricos de todo el mundo —especialmente estadounidenses— están acaparando con voracidad propiedades y especulando con ellas.
En el centro de lo que está sucediendo está la llamada Ley 20/22, ahora parte de la Ley 60, que tiene como objetivo atraer inversiones a la isla. Gracias a esa norma, los extranjeros que se instalan en Puerto Rico durante al menos seis meses del año están exentos de pagar impuestos. Los lugareños, sin embargo, tienen que tributar al 33 %. Las desventajas también golpean a los negocios.
Por un lado, familiares y allegados de los políticos acaban administrando las viviendas de esos inversores. Por el otro, esos mismos beneficiarios dan dinero a los partidos políticos que están en el poder para que no retiren ese tipo de leyes. Los puertorriqueños denuncian que, incluso cuando hay leyes que les protegen, estas no se aplican. Es por ello que la población local se ve obligada a luchar pese a, teóricamente, tener la ley de su lado.
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