Pocas horas quedan para que el Gobierno chileno discuta los últimos detalles de la nueva reforma laboral, documento que debería ser aprobado antes de concluir el mes.
Las constantes comparaciones de esta nueva normativa con el Plan Laboral de 1979 y las quejas de la clase trabajadora han aumentado la presión sobre el Gobierno. Según el Ejecutivo, dicha reforma llega "para emparejar la cancha".
Regeneradora para algunos, rancia y sin novedad para otros, la reforma laboral supone un punto de conflicto entre los colectivos e instituciones afectadas por dicho cambio. Desde el Gobierno se esgrime que lo que se trata es equiparar los derechos de los trabajadores y agrupaciones sindicales a las demandas de los empresarios, algo en lo que los sindicatos no están muy de acuerdo.
Y es que sigue sobrevolando la sombra del pasado plan laboral de 1979 basado en 4 pilares fundamentales: negociación colectiva de nivel de empresa, huelga que no paraliza la actividad de la empresa gracias al reemplazo de trabajadores, paralelismo de agrupaciones basado en la competencia entre varios sindicatos y grupos negociadores y despolitización sindical.
Mientras que las acusaciones de muchos sectores de trabajadores y de los sindicatos apuntan a cambios mínimos en la reforma que se plantea actualmente, la dirección de trabajo puntualiza que los cambios sí son sustanciales y que se ha equiparado a todos los implicados.
Quizá una de las mayores quejas a nivel sindical radica en el derecho a huelga. Se afirma que se siguen restituyendo trabajadores y que la norma no soluciona nada. Es más, creen que la vía que se ha tomado puede ser fuente de enfrentamiento entre los propios empleados. Se acusa de querer una huelga a la europea, en la que los piquetes informativos sean, según afirman los gremios, como maniquíes, sin que el uso de la fuerza entre dentro de su forma reivindicativa.
Con la reforma laboral el Gobierno de Michelle Bachelet pretende cumplir plenamente con los convenios internacionales sobre libertad sindical, con lo que la mandataria considera saldar una deuda con este colectivo, y, además, promover el desarrollo de unas relaciones laborales modernas, justas y equilibradas.
Por el momento parece que las posturas están lejos de llegar a una conciliación, pero todas coinciden en algo, que es que este plan o sus posteriores y eventuales modificaciones se implementen adecuadamente para que la clase chilena trabajadora siga haciendo crecer a este país sin que se vean dañados sus derechos y sin que los empresarios pierdan la vocación de desarrollar la economía nacional mirando únicamente su enriquecimiento personal. Para que esto se pueda plasmar hacen falta concesiones de las cuatro partes implicadas para que se aplique aquello de que la unión hace la fuerza.