El interventor general del Estado de Israel, Yosef Shapira, anunció el domingo que abrirá una investigación sobre las denuncias que afirman que a las mujeres etíopes que querían emigrar a Israel se les suministró el anticonceptivo Depo-Provera inyectable sin su consentimiento.
"Es posible que algunas de las mujeres no comprendieran lo que estaba en juego" cuando recibieron el medicamento, dijo Shapira. El interventor continuó explicando que la decisión de investigar el uso de Depo-Provera responde a "la petición realizada por las mujeres de la Knesset [Parlamento israelí], lideradas por el jefe del Comité de derechos del Niño, Orly Levi-Abekasis".
Levi-Abekasis y otros miembros del Parlamento acudieron al interventor tras conocer el contenido de un informe del Centro de Investigación e Información de la Knesset sobre el uso indiscriminado de estas inyecciones en los campamentos temporales en Etiopía. Dicha práctica se estuvo aplicando hasta hace cinco años, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de las primeras denuncias.
El informe reveló que a un gran número de mujeres que participaron en seminarios de planificación familiar en los campamentos de tránsito se les inyectaron anticonceptivos de larga duración.
El documento recoge el testimonio de 35 inmigrantes etíopes afectadas. Según ellas, los médicos les dijeron que las mujeres que dan a luz deben recibir esas inyecciones cada tres meses para no sufrir enfermedades. Las encuestadas sostienen que recibieron ese tipo de anticonceptivos contra su voluntad.
Los miembros de la Knesset pidieron a Shapira que investigue si esta práctica obedeció a algún intento institucional de reducir la natalidad entre los inmigrantes de la comunidad etíope y si las mujeres eran conscientes de los posibles efectos secundarios de las inyecciones y de otros métodos de control de la natalidad a los que supuestamente se les sometió, según el informe.