La operación, que se efectuó con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
comenzó el verano de 2012, tras la denuncia de una ONG que alertó de la existencia de un grupo de personas que ofrecía importantes sumas de dinero a inmigrantes irregulares a cambio de vender sus órganos para trasplantes, según el diario 'El País'.
Las autoridades sanitarias de Valencia comprobaron que algunas personas se habían estado sometiendo a diversas pruebas médicas en una clínica privada con un coste de unos 15.000 euros. Las facturas fueron abonadas en la propia clínica por uno de los detenidos que actuaba como intermediario. La investigación llevó a los agentes hasta un enfermo hepático libanés de 61 años que se había trasladado a España con la intención de conseguir un trasplante.
Entre las personas que se sometieron a esos análisis médicos —la mayoría inmigrantes irregulares y sin recursos—, solo una mujer resultó perfectamente compatible con el receptor, y estaba dispuesta a donar parte de su hígado a cambio de 40.000 euros. No obstante, el paciente no se negó someterse a la intervención, alegando que tener como donante a una mujer contradice a la religión islámica.
El Código Penal de España castiga con prisión a quienes "promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos".