A finales de 2013 un ciudadano ruso, Dmitri Tretiakov, demandó al Gobierno de Rusia alegando que la desintegración de la URSS no tenía carácter constitucional y violaba la legislación soviética. Pese a que otra alta institución judicial de Rusia, el Tribunal Constitucional, dictaminó que este tema estaba fuera de su jurisdicción, Tretiakov no cejó en su empeño y apeló la sentencia.
Según el demandante, la desintegración de la URSS violó el derecho a la libertad de movimiento por las exrepúblicas soviéticas, negó el derecho a tener la ciudadanía de su país natal, y no correspondía a las leyes básicas del país. Por lo tanto —argumenta— existe la necesidad de convocar en Rusia y en las otras 14 exrepúblicas de la Unión Soviética referendos sobre la restauración del país desintegrado.
Pese a que en marzo de 1991 el 78% de los ciudadanos soviéticos votaron en un referendo por la conservarción de la Unión Soviética, ya al final del año los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia (Borís Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkévich, respectivamente) firmaron el tratado de Belavezha (actualmente su original está misteriosamente desaparecido) que establecía la disolución de la URSS y fundación en su lugar de la Comunidad de Estados Independientes.