3 millones de franceses secundan el paro contra la reforma de jubilaciones
La manifestación general nacional y las huelgas en contra de la reforma del sistema de jubilaciones -propuesta por el Ejecutivo francés-, organizada por los principales sindicatos se celebró este 23 de septiembre. En estas movilizaciones, según varios datos, participaron un volumen de gente que podría oscilar entre el millón y los 3 millones de personas, según las fuentes.
Así miles de personas mostraron su rechazo contra la reforma del sistema de jubilaciones exigiendo la revisión de las decisiones de las autoridades, respecto a la futura reforma de jubilaciones, demandando asegurar a las personas una garantía digna, llegando a ofrecer incluso la jubilación al propio presidente del país Nicolas Sarkozy.
La huelga empezó 22 de septiembre con el paro en el transporte de los ferrocarriles franceses. En total en todo el país la cantidad de trenes de alta velocidad TGV se redujo a la mitad, el servicio de los trenes a larga distancia Corail, al 25%. Los trenes regionales TER limitaron la cantidad de salidas un 50% y los trenes de la región parisina a más del 60%. El metro de la capital redujo el doble de vagones. Casi pararon los trenes de las cercanías RER. En general en los ferrocarriles el seguimiento de la convocatoria fue del 37% según la dirección, y del 49% según los sindicatos.
Debido a la huelga de los controladores del tráfico aéreo, la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) recomendó a las compañías aéreas reducir el programa de los vuelos. Así el 50% del tránsito en el aeropuerto de Orly (en el sur de París) y el 40% en Roissy Charles de Gaulle (en el norte) fueron anulados.
En la educación, la estimación del número de huelguistas en primaria y secundaria oscilaba entre un 25% según el Ministerio a un 45% a 55%, según los sindicatos.
En cambio el paro tuvo un alto nivel de acatamiento en las seis refinerías de Total, con una adhesión del 50% al 80%, de acuerdo con la petrolera francesa.
En diferentes servicios y varias administraciones en las movilizaciones participaron del 10 a 50% de los empleados.
Resumiendo lo dicho anteriormente, en total, las cifras de éxito de estas movilizaciones entre sindicatos y empresas reflejaron un menor acatamiento que en la jornada del 7 de septiembre en el transporte público, la educación, la administración y los aeropuertos.
Los sindicatos franceses aseguraron que lograron sacar a la calle a tres millones de personas contra la reforma del sistema de jubilaciones, pero el Gobierno tradicionalmente es más modesto en sus evaluaciones y estimó por su lado que hubo bastante menos participantes (calcula en torno a 997.000 personas). Los datos de los principales sindicatos, CGT y CFDT, afirman que solamente en París participaron alrededor de 300.000 manifestantes (65.000, según la policía).
Cabe destacar que actualmente los franceses se jubilan a los 60 años, si ellos antes han cotizado durante 40 años y seis meses, y a los 65 si cotizaron menos anos. El Ejecutivo planea aumentar de 60 a 62 años la edad mínima para jubilarse y de 65 a 67 la requerida para beneficiarse de la pensión completa. Además el tiempo mínimo de las cotizaciones será de 42 años. Cabe destacar que según el proyecto de la ley el aumento de la edad para jubilarse se aumentará paulatinamente, desde el 1 de julio de 2010. Es decir, los que nacieron en el año 1951 van a jubilarse 4 meses después de cumplir 60 años y así cada año, la edad para jubilarse aumentará a 4 meses.
El proyecto de ley ya fue aprobado la semana pasada por la mayoría de derecha de la Cámara baja y empezará a discutirse el 5 de octubre en el Senado. Y a pesar de las múltiples denuncias públicas y manifestaciones, en un momento de baja popularidad (sólo el 32% de apoyo), Sarkozy se mantiene inflexible en la cuestión del aumento de las edades mínimas para poder retirarse y para hacerlo con pensión completa.
Esas medidas, que entrarían en vigor en 2018, son las principales del dispositivo ideado para frenar el déficit del sistema de jubilaciones, que la crisis económica triplicó en 2010 para llevarlo a 32.000 millones de euros (39.000 millones de dólares), según datos de un organismo independiente.
Favorece al descontento de la reforma el hecho que de su preparación se encarga el ministro de Trabajo Eric Woerth, cuyo nombre está involucrado en el caso de presunto blanqueo de dinero con Liliane Bettencourt, dueña de una conocida compañía multinacional.