Importantes cambios en el Código Penal chino se generan en la Asamblea Nacional Popular del país. Los diputados propusieron eliminar la aplicación de la pena capital a los mayores de 75 años, al mismo tiempo que incrementan las sanciones por varios delitos de función, en particular relacionados con la seguridad de los alimentos.
Una vez aprobada la enmienda que prevé la no aplicación de la condena de muerte a los ancianos, será el primer señalado paso hacia la limitación del uso de la pena de muerte para castigar a los delincuentes: medida sugerida a las autoridades de China por varios organismos humanitarios internacionales. Hasta el momento, sólo los menores de 18 años y las mujeres embarazadas han estado exentos de la pena capital en la República Popular.
Después de la primera lectura de la enmienda en la Asamblea Popular fue sometida a la consideración pública. Ésta reveló que algunos internautas participantes del debate abierto sugerían bajar la edad máxima para la aplicación de la pena capital desde 75 a los 70 años, mientras que otros exhortaban (según la agencia estatal de información china) que al librar a todos los mayores de una perspectiva de cadena de muerte, se obtendría un considerable incremento en el número de delitos graves.
Un enfoque especial hacia la no aplicación de la sanción penal tan drástica a quienes tengan 75 años o más para el momento del delito, de acuerdo con la información oficial, se debió no a una presión del extranjero, sino al respeto ante la ancianidad y al criterio de humanismo. No obstante, un debate abierto entre los propios parlamentarios, en vísperas de la segunda lectura, reveló a una decena de partidarios de que se conserve la norma que permita a los tribunales condenar a muerte a los ancianos siguiendo el principio de la igualdad general ante la ley. Estos exigían que la asamblea deje todo como está al considerar que con frecuencia los mayores que cometen delitos más graves contra personas cuentan con bastante capacidad de razonamiento para responder por sus acciones.
Simultáneamente con el pequeño desahogo para los delincuentes de edad, se debatieron en la legislatura china las medidas penales especiales para delitos que afecten la seguridad de los alimentos. El debate reflejó la repercusión pública del reciente escándalo vinculado con el suministro de productos lácteos con sustancias peligrosas para la alimentación de niños. El proyecto de enmienda —esta vez aprobado unánimemente— estipula que los funcionarios responsables de la supervisión y administración de la seguridad en los alimentos enfrentarán penas de hasta diez años de cárcel por negligencia o por abuso de poder en caso de incidentes graves en esta materia.