Los refugiados nucleares de Fukushima, víctimas del estigma social
ТEPCO, la compañía operadora de la central nuclear japonesa Fukushima-1 averiada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo, declaró que pagará a los evacuados una primera remuneración de un total de 600 millones de dólares estadounidenses. Cada una de las más de 50.000 familias que tuvieron que abandonar la zona recibirá 12.000 dólares, y a las familias de un miembro, 9.000 dólares. ТEPCO acentúa que la compensación general se pagará más tarde, cuando se calculen todos los daños.
La mayoría de los 'refugiados nucleares' todavía reside en centros de alojamientos temporales, a veces durmiendo en el suelo y sufriendo el déficit de fármacos y el agua potable. Aparte de una situación muy difícil tanto física como económicamente, sufren también de problemas de carácter social.
Una vez trasladados a 'nuevos territorios', se ven obligados a empezar sus vidas de cero: buscar un empleo –el que sea y por el tiempo que sea– y escuelas que puedan aceptar a sus hijos. Y a todo eso se une una cierta hostilidad que les muestra la sociedad. La categoría más vulnerable en esa situación son los niños.
El Departamento de Formación de Chiba, prefectura vecina a Tokio, recibió una llamada anónima que informó de que un pequeño evacuado de la zona de exclusión de Fukushima-1 fue sometido a insultos y escarnios en uno de los parques locales. El autor de la llamada precisó que un grupo de niños se reunieron alrededor de un alumno gritándole "radiactivo" y "contagioso". Pedían que el pequeño se largara de la ciudad.
El departamento que se dedica a asignar a los refugiados nucleares menores de edad a las escuelas locales instruyó a todos los colegios para que los maestros mantuvieran reuniones especiales, tanto con los alumnos como con sus padres, para explicarles que los evacuados no son una amenaza para su salud y que, después de la tragedia a la que han sobrevivido, necesitan compasión y afecto.
Sin embargo, según comentan escépticamente los defensores de derechos humanos internacionales, es muy poco probable que la medida sea eficaz. Subrayan que en muchos casos es precisamente la política informativa del Estado la que provoca este tipo de acoso social. En particular, comentan que los dibujos animados difundidos por las autoridades para explicar a los más pequeños qué sucedió en la central de Fukushima y la imagen creada del 'chico nuclear' tuvieron un efecto opuesto. Los niños percibieron la metáfora de 'al chico nuclear le duele la barriga' erróneamente y asociaron inconscientemente a los niños refugiados de la zona de la catástrofe nuclear con dolores y enfermedades contagiosas.
Muchos coinciden en que unas simples clases no serán capaces de remediar la situación. La política del Estado formó el mismo estereotipo –consciente o no– también en la mente de los padres. El Gobierno emitió la normativa que estipula que todos los 'refugiados nucleares' deben ser 'escaneados' para confirmar que están libres de radiación. Al pasar exitosamente la prueba, reciben un certificado oficialmente sellado.
En caso de no tener el certificado, los evacuados se arriesgan a no ser aceptados por algunos centros de refugio u hospitales. El diario británico Daily Mail informó del caso de una niña de ocho años de edad que no fue atendida en una clínica de un sarpullido porque no presentó el documento. Acentúa que el precedente no ha sido el único.
Mientras tanto, los médicos comentan que un humano puede presentar peligro para los que están a su alrededor solo en caso de haber sido sometido a una dosis de radiación extremadamente alta. En todos los otros casos es suficiente con cambiarse de zapatos y de ropa.
Hace 66 años al mismo problema -de convertirse en excluidos- se enfrentaron los supervivientes de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Expertos nipones argumentan que en 2011 la medida se introdujo solo con el fin de calmar a la población.
A inicios de esta semana las autoridades japonesas anunciaron que consideraban la perspectiva de ampliar la zona de exclusión de Fukushima-1. Frente a los temores de una posible evacuación el habitante más anciano de la localidad de Iitate, ubicada a unos 40 kilómetros de la planta, con 102 años, se suicidó.