Niños robados: “España fue un supermercado internacional de bebés"
La chocante historia que ha estremecido a numerosas familias españolas y que sólo recientemente se ha revelado no deja de impactar aún más a los afectados, mientras siguen las denuncias de estos hechos que se han desarrollado a lo largo de varios años. Gran número de niños españoles nacidos entre 1950 y 1990 fueron, presuntamente, separados a la fuerza de sus padres para ser vendidos por redes que empezaron a funcionar durante la época del franquismo, una práctica que no acabó ni siquiera en las décadas posteriores, durante los años de la transición.
España fue "un supermercado de bebés para el resto del mundo", con recién nacidos que acababan en países lejanos como Alemania, Perú o Estados Unidos, según afirma Antonio Barroso, el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) en España y una de las víctimas de esta práctica. Los países enumerados son sólo algunos de los lugares donde aún viven afectados por el robo de niños nacidos aquella época en hospitales españoles.
Barroso lo denunció en un desayuno informativo, al que también asistió la portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano. Soriano a su vez pidió al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Álvaro Cuesta, que presentó el acto, que se abra una comisión de investigación sobre estos casos, algo que ya reclamaron las víctimas cuando acudieron a la Cámara baja del Parlamento español el pasado 15 de marzo.
Cuesta afirmó que la Comisión de Justicia está investigando la causa y aseguró que antes del final de la legislatura el próximo año les convocarán a una nueva sesión parlamentaria para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y "los obstáculos que deben eliminarse".
Según Soriano, entre esos factores que obstaculizan el proceso figura la falta de acceso a la documentación sobre nacimientos y fallecimientos que durante muchos años fueron "clasificados" por instituciones sanitarias, eclesiásticas y otras organizaciones. Por lo tanto, Soriano instó a las administraciones públicas a que faciliten el acceso a los archivos administrativos, hospitalarios, eclesiásticos y de cementerios, lo que requiere, la intervención conjunta de la Fiscalía, los jueces y la implicación de la Audiencia Nacional, que se inhibió del asunto.
Hasta el día de hoy, en toda España la Fiscalía tiene abiertas 849 investigaciones por este tráfico de menores de edad. De todos esos casos, 162 han sido ya trasladados a los juzgados al haber observado indicios criminales, que se calificarán como detención ilegal con el agravante de afectar a niños.
De acuerdo con el presidente de Anadir, aquella época fueron robados aproximadamente 300.000 menores. Y ahora los afectados ya son adultos, pero muchos de ellos quieren conocer a sus familias biológicas y exigen una investigación a nivel nacional.