Una vez instalado en La Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy confirmó que cumplirá con sus promesas electorales. En la rueda de prensa posterior a su primer Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó, entre otras cosas, que será modificada la ley del aborto "en el sentido de preservar el derecho a la vida y garantizar la situación de las menores".
Según la ley actual, la de 2010, las jóvenes pueden decidir sobre la interrupción del embarazo desde los 16 años. Los padres deben ser informados sobre esta decisión, pero en caso de "un conflicto familiar grave" se puede no cumplir con este requisito. Se espera que las modificaciones, en primer lugar, aborden precisamente esta parte de la legislación y exigirán siempre la autorización del padre o tutor.
La ley de 2010 estipula que durante las primeras 14 semanas la mujer puede abortar sin tener que alegar ninguna razón. Teniendo en cuenta el límite de viabilidad fetal, después de la semana 22 la ley prevé abortos en caso de malformaciones "incompatibles con la vida", cuestión que examina un comité de expertos.
Como posible vía de reformar la norma, los defensores del derecho del 'nasciturus', un bien jurídico protegido por la Constitución desde 1985, contemplan suprimir el aborto por libre decisión pero mantenerlo por determinados supuestos hasta la semana 22, siempre que se trate de riesgo para la madre o malformación del feto. Según cifras oficiales, anualmente en España hay 100.000 abortos, tasa contra la cual protestan ferozmente los activistas contra el aborto, como los participantes de la campaña el Derecho a Vivir de la asociación Hazte Oír.