El Vaticano acoge a delegados de más de un centenar de diócesis y a jefes de 30 órdenes religiosas para plantear ante ellos lo que últimamente ha llegado a ser el mayor problema para la Iglesia católica: la pederastia. Esta es la primera congregación dedicada en especial al escandaloso tema y la primera ocasión, para muchos de los jerarcas, de mirar cara a cara a las víctimas de los abusos.
La escala del problema ha aumentado de manera considerable después de que el Papa Benedicto XVI, por primera vez, pidiera en público perdón a los que una vez fueron sometidos a un interés insano por sacerdotes pederastas. En aquel entonces se trataba de decenas de víctimas en un lugar y varias en otro. Ahora la Santa Sede reconoce 4.000 casos de abusos sexuales a menores, cometidos durante solo la última década.
En su mensaje a los participantes de la conferencia, el Papa urgió una “profunda renovación de la Iglesia en todos los niveles” y sostuvo que el problema debe ser la “preocupación prioritaria” para toda la comunidad cristiana. Su actitud de “tolerancia cero” respecto a los pedófilos fue destacada, también, por el cardenal y arzobispo estadounidense, William Levada.
El cardenal, quien fue el conferenciante principal de la primera jornada del foro, dijo que “la Iglesia tiene la obligación de cooperar con la ley civil y denunciar esos crímenes a las autoridades competentes”. Recordó a los obispos que “el abuso de menores no sólo es un delito en el derecho canónico”.
Como una medida para erradicar la pederastia, Levada presentó unos programas de prevención y formación permanente de los seminaristas y del clero. Con referencia a una circular enviada a todas las conferencias episcopales en mayo pasado, Levada propuso reorganizar tal educación, basándose en la apreciación de la castidad y el celibato.
De 10 a 20 años se ampliará el plazo para denunciar los abusos sexuales, ya que es obligatorio, dijo el purpurado, que la Iglesia escuche a todas las víctimas. Entre las normas del derecho canónico aparecerá un delito nuevo: el de adquisición, posesión y difusión de pornografía infantil.