Este jueves las autoridades españolas han anunciado la creación de un banco de datos de ADN para facilitar así la búsqueda de miles de niños que fueron separados de sus padres por organizaciones públicas y religiosas durante el franquismo (1939-1975) y los años posteriores. Asimismo, se han comprometido a elaborar un censo de "niños robados".
La medida prevé que cualquier afectado puede incorporar al archivo información como la fecha y el centro sanitario de nacimiento del niño, así como los datos de la supuesta progenitora. El Ministerio de Sanidad obtendrá la información de los centros sanitarios y pedirá para ello la colaboración de los servicios regionales de salud. El Ministerio de Justicia, a su vez, asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos durante las últimas cinco décadas.
Cabe mencionar que la iniciativa del banco de ADN es la primera base oficial de datos de ADN a nivel gubernamental ya que hasta ahora los afectados se veían obligados a realizar los exámenes de ADN en laboratorios privados.
El anunció llegó tras la reunión entre las asociaciones de niños robados y varios ministros del Gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el fiscal general del país, Eduardo Torres-Dulce.
El Gobierno español anunció las medidas el mismo día en que la primera persona imputada por ese delito, la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, compareció ante el juez, aunque se negó a declarar.
El funcionario de Justicia anunció que "España no elude su responsabilidad, ni esconde hechos", por lo que se hará todo lo posible para llevar a cabo la investigación de los casos dramáticos ocurridos hace décadas. Al mismo tiempo dijo que será un proceso "largo y complejo".
Hasta el mes de noviembre de 2011, se habían abierto más de mil diligencias informativas y 342 diligencias previas, al tiempo que se habían llevado a cabo 14 exhumaciones. La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le envíe datos actualizados sobre las investigaciones.
Se estima que puede haber hasta 300.000 niños españoles nacidos entre 1950 y 1990 que fueron, presuntamente, separados de sus padres para ser vendidos por redes que aparecieron durante la dictadura de Franco, una práctica que ni siquiera acabó durante los años de la transición.