El estado norteamericano de Connecticut ha aprobado la abolición de la pena de muerte, un método de castigo que sus propios ciudadanos consideran “nocivo e ineficaz”. Mientras tanto, en California, los partidarios de suprimir la pena capital esgrimen que ello permitiría ahorrar unos cien millones de dólares del presupuesto. De esa forma quieren convencer a las autoridades de la necesidad de acabar con este castigo “degradante” e “injusto”.
El gobernador de Connecticut, Dannel Malloy, aprobó este miércoles la nueva legislación, que será aplicable a los crímenes cometidos a partir de ahora, por lo que no es retroactiva para las once personas que siguen aguardando su ejecución en los corredores de la muerte en Connecticut.
De esta manera Connecticut se convierte en el decimoséptimo estado en EE. UU. en abolir la pena de muerte y en el quinto que lo hace en cinco años, después de Illinois, Nuevo México, Nueva Jersey y Nueva York.
California, primera en la cola de los 'indignados'
El estado de California, indignado también por "lo injusto e irrazonable" del castigo, se prepara también para acabar con la pena capital.
Así, más de 800.000 californianos firmaron un documento en el que instan a las autoridades a suprimir una pena que "de efectos nocivos”, que "destroza a las víctimas y a sus familiares". Según ellos, el largo juicio y el proceso de apelaciones -necesarios para impedir la ejecución de una persona inocente- vuelven a traumatizar a las víctimas, obligándoles a revivir el crimen, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación.
"Está claro que la pena de muerte se degrada. De este a oeste los estados se enfrentan con los mismos defectos en su aplicación. Genera errores, no es nada eficaz, se aplica injustamente, y además no satisface de ninguna manera las necesidades de las personas cuyos seres queridos fueron asesinados", afirma Shari Silberstein, director ejecutivo de la organización nacional que apoya la derogación de la pena de muerte ‘Igualdad de Justicia en EE. UU.’.
El referéndum en que los ciudadanos se pronunciarán definitivamente a favor o en contra de la abolición del castigo se celebrará el día de las elecciones presidenciales: el próximo 6 de noviembre.
El capital de la pena capital
La pena de muerte es un procedimiento muy costoso. Cada una de las ejecuciones cuesta a las autoridades más de 300 millones de dólares. El mantenimiento de los 13 condenados a muerte en California, le cuesta al estado otros 180 millones de dólares anuales.
Los propios Ron Briggs y Donald Heller, republicanos que hace más de 30 años emprendieron una campaña agresiva a favor de la pena de muerte en California, han reconocido que “fue uno de los mayores errores de su vida”. "En aquel momento teníamos la impresión de que a través de este castigo se haría justicia rápida y sencilla a los criminales y asesinos. Pero no está funcionando. Empezamos con 300 personas en el corredor de la muerte, y ahora tenemos más de 720 y nos cuestan 4000 millones de dólares", afirmó Briggs.
En general, los estadounidenses, que en su gran mayoría solían estar a favor de la pena capital, parecen llegar a la conclusión de que se trata de "una práctica bárbara". Así, de acuerdo con la encuesta Gallup, actualmente la ejecución mortal cuenta con el apoyo de 61% norteamericanos (comparando con los 80 % en 1994) y alcanzó su mínimo nivel en la historia de EE. UU.
EE. UU. es el único país de todo el continente americano que todavía aplica esta forma de castigo y se encuentra entre los cinco países con el mayor número de condenados a muerte, junto a Arabia Saudí, Irak, Irán y China. La pena capital está legalizada a nivel federal y forma parte de la legislación penal de treinta y cinco estados.