Según ellos, esta acción se aprovecha un resquicio legal para no pagar el impuesto de contribución de bienes inmuebles, el temido IBI, cuyo importe podría ahorrar en promedio 500 euros anuales a cada familia.
La broma se apoya en la ley de Mecenazgo de 2002, que exime del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a todos aquellos lugares de culto católico, tales iglesias, 'como' conventos, santuarios, capillas y oficinas parroquiales.
Indignada por esta situación, cuentan, la Conferencia Episcopal Española considera que estas propinas son limosnas y por lo tanto las reclama como suyas, por lo que prevé exigir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos su cobro inmediato o al menos una entrega del diezmo.
Además, se sospecha que la Iglesia no reconocerá ninguna de esas instalaciones hasta que no cuenten con sacerdote debidamente ordenado por un cardenal, aunque la inspección de Hacienda haya declarado que estas capillas cumplen todos los requisitos para ser consideradas como tales.