Sociedad
Niños presos en Australia
Australia, país cuya legislación migratoria tiene fama de la más dura entre los estados desarrollados, es el blanco de una campaña global para acabar con la detención de los niños migrantes.
En su página web endchilddetention.org, activistas de la campaña llaman a firmar una petición internacional dirigida al Ministerio australiano de Inmigración y grabar vídeos en apoyo de los niños que permanecen reclusos en el territorio del país. Según la cifra oficial, el número de los presos menores de edad que hoy en día están en los centros de detención de inmigrantes ilegales es 428.
Los defensores de derechos humanos acentúan que los períodos de reclusión para los niños suelen ser muy largos, hasta varios años. Hay algunos que jamás estuvieron en libertad como, por ejemplo, el más joven de los presos, un pequeño que nació en un centro para inmigrantes ilegales hace 2 años y aún está allí.
Los organizadores de la campaña subrayan que las condiciones en cada centro particular son muy diferentes, incluso en algunos se permite a las familias cocinar su propia comida o los niños tienen acceso a las escuelas públicas locales, aunque su contacto con los lugareños es limitado. Sin embargo, en la mayoría de los casos todo es mucho menos ‘optimista’. Los niños, a pesar de que no son responsables de ninguna violación de la ley, tienen un acceso limitado a la educación: la práctica habitual es solo permitirles clases especiales dentro del centro. Se les dificulta el establecimiento de lazos con gente al otro lado de las rejas, dar y recibir visitas.
Los defensores de derechos humanos insisten en que los menores de edad no pueden ser responsabilizados por haber inmigrado ilegalmente, da igual si han ido a Australia con sus familias o solos, y mucho menos cuando han nacido en el país, con lo que no hay una base legal para privarles de libertad. Como única alternativa a las detenciones señalan el uso del potencial de las comunidades locales. Sin embargo, no ofrecen ningún detalle más concreto. Tampoco precisan cómo, desde su punto de vista, podría organizarse la comunicación entre los niños liberados y sus padres que permanecerían recluidos.
Los defensores de derechos humanos acentúan que los períodos de reclusión para los niños suelen ser muy largos, hasta varios años. Hay algunos que jamás estuvieron en libertad como, por ejemplo, el más joven de los presos, un pequeño que nació en un centro para inmigrantes ilegales hace 2 años y aún está allí.
Los organizadores de la campaña subrayan que las condiciones en cada centro particular son muy diferentes, incluso en algunos se permite a las familias cocinar su propia comida o los niños tienen acceso a las escuelas públicas locales, aunque su contacto con los lugareños es limitado. Sin embargo, en la mayoría de los casos todo es mucho menos ‘optimista’. Los niños, a pesar de que no son responsables de ninguna violación de la ley, tienen un acceso limitado a la educación: la práctica habitual es solo permitirles clases especiales dentro del centro. Se les dificulta el establecimiento de lazos con gente al otro lado de las rejas, dar y recibir visitas.
Los defensores de derechos humanos insisten en que los menores de edad no pueden ser responsabilizados por haber inmigrado ilegalmente, da igual si han ido a Australia con sus familias o solos, y mucho menos cuando han nacido en el país, con lo que no hay una base legal para privarles de libertad. Como única alternativa a las detenciones señalan el uso del potencial de las comunidades locales. Sin embargo, no ofrecen ningún detalle más concreto. Tampoco precisan cómo, desde su punto de vista, podría organizarse la comunicación entre los niños liberados y sus padres que permanecerían recluidos.
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