Estas últimas son Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias, curiosamente las que albergan a más de la mitad del total de indocumentados de España. Dichas autonomías alertaron recientemente sobre los problemas de salud pública que pueden derivarse de la aplicación de la nueva medida del Gobierno de Mariano Rajoy, a la que califican de “inconstitucional”.
Según esta reforma, 150.000 indocumentados perderán su derecho a la atención gratuita y tendrán que abonar una cantidad de 710 euros anuales si desean ser atendidos en el sistema sanitario español. Esa suma se eleva a 1.864 euros anuales para los mayores de 65 años.
La reforma garantiza, no obstante, la continuidad de la asistencia gratuita a embarazadas, menores y casos de urgencia.
Repercusión internacional
Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados.Mientras tanto, la voz de alarma ya se activó al otro lado del mar, donde Gobiernos como el de Ecuador, de donde procede gran parte de la inmigración española, han anunciado que “darán la cara por sus compatriotas sin techo sanitario en España”.