Los derechos indígenas suman una victoria más. Así, la Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Región, con sede en Brasilia, dictaminó que Norte Energía, la empresa responsable de la construcción y la administración de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, debe paralizar las obras en un afluente del Amazonas, en la frontera entre Brasil y Paraguay.
De acuerdo con el juez Antônio de Souza Prudente, el Congreso Nacional no realizó las consultas necesarias con las comunidades originarias antes de aprobar el decreto legislativo e iniciar las obras. También agregó que quienes llevaron a cabo dichas consultas no fueron representantes del Congreso, sino de otras instituciones estatales.
“La Constitución brasileña no autoriza un estudio posterior, sino un estudio previo. No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace una obra y se pregunta después”, indicó el juez al presentar la sentencia.
“Las comunidades indígenas necesitan ser oídas y respetadas”, agregó.
La decisión judicial también recalcó que por cada día de incumplimiento de la sentencia, la planta hidroeléctrica deberá pagar una multa de aproximadamente 250.000 dólares.
De llevarse a cabo el proyecto, la presa inundaría más de 500 kilómetros cuadrados, lo que directa e indirectamente afectaría a 66 municipios cercanos. Sin embargo, el Gobierno de Dilma Rousseff argumenta que gracias a ella se logrará responder a la fuerte demanda energética existente en Brasil. El fallo dificulta además el cumplimiento el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un plan que pretende, entre otras medidas, renovar la infraestructura energética, social y urbana del
país.
Tras el anuncio de la decisión, la empresa Norte Energía advirtió, a través de un comunicado, que “el primer perjudicado con una eventual paralización de las obras será Brasil. Traerá consecuencias negativas e imprevisibles para la matriz energética brasileña y será necesario activar las centrales termoeléctricas, mucho más contaminantes y con costos mucho más elevados”. Además, informó que espera una notificación oficial de la sentencia y que tiene la intención de apelarla, por lo que planea recurrir ante el Tribunal Supremo de Brasil.
La construcción de esta hidroeléctrica ha tenido una amplia repercusión internacional y tanto grupos ecologistas como defensores de los derechos indígenas han protestado en numerosas ocasiones exigiendo la paralización de dichas obras.