La decisión fue dictada días después del que una jueza civil prohibiera practicar el aborto despenalizado a la mujer violada en una red de trata de personas, lo que contradiecía la decisión de la legislatura porteña, que aprobó la pasada semana una ley que despenaliza el aborto en casos de violación o riesgo para la salud de la madre.
El caso desató una intensa polémica en las organizaciones femeninas después de que, finalmente, el Tribunal Supremo autorizara este aborto.
La polémica coincide con otro aborto despenalizado practicado a otra víctima de violación. En un primer momento los médicos del hospital de La Plata, situado a 60 kilómetros de la capital argentina, se negaron a realizar la operación quirúrgica. Sin embargo, la situación cambió cuando intervino el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y el embarazo fue interrumpido.
Según las leyes argentinas, los abortos están permitidos solo cuando se trata de "evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo sobrevino tras una violación o un atentado al pudor" cometido sobre una mujer disminuida psíquica o demente.
Según estadísticas no oficiales, cada año en Argentina se realizan más de 500.000 abortos ilegales. Los partidarios de la legalización de la interrupción del embarazo declaran que, a consecuencia de la prohibición, miles de mujeres, sobre todo jóvenes, ponen en riesgo su salud, abortando en condiciones peligrosas.