Y eso que la ley estipula para muchos de los detenidos en las calles del condado de Los Ángeles o en sus domicilios el derecho a ser puestos en libertad bajo fianza, dicen los defensores de los derechos humanos.
Según lo explica la propia oficina, la permanencia de los detenidos bajo custodia es una parte del Programa de Comunidades Seguras sostenida por el Gobierno federal. La Unión de Libertades Civiles argumenta que si la situación se debe efectivamente a la actitud federal, las detenciones son solo un ejemplo de las violaciones múltiples de las libertades civiles, impulsadas por las autoridades federales.
Un reciente estudio realizado por el Instituto Earl Warren de Derecho y Justicia Social muestra que un 93% de las personas detenidas dentro del programa son latinos Los datos de la oficina de alguacil territorial corroboran esta tendencia general. Así, el año pasado al menos 20.000 hombres de origen hispano estuvieron retenidos durante un tiempo en la cárcel del condado.
El polémico programa envía las huellas dactilares de todos los detenidos a una base de datos única de los servicios de control migratorio. Varios estudios revelaron que a menudo este órgano obtiene mediante este mecanismo las huellas de los residentes legítimos y luego ellos resultan detenidos como consecuencia de unos fallos en el programa.
El Departamento de alguaciles se rehusó a realizar algún comentario sobre la demanda judicial. Los abogados de la parte querellante afirman a su vez que el problema no es específico del condado de Los Ángeles, ya que al menos en 17 condados de California se registran denuncias contra la denegación ilegítima de libertad bajo fianza.