Titirico recalcó que la aplicación de esos castigos se enmarca en la llamada ‘justicia comunitaria’, aprobada por la Constitución promulgada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2009. La comunidad aimara apoya estos castigos tan severos porque considera que es la única forma de frenar esos delitos.
Los indígenas planean pagar el coste de la operación médica de amputación y castración química de los delincuentes con sus propios recursos. "La justicia indígena originaria se maneja de otra manera, no es entre cuatro paredes como la ordinaria. No vamos a mandar a la cárcel en estos casos", agregó el dirigente, consciente de que esas medidas pueden provocar un rechazo de la comunidad mundial.
El funcionamiento de la ‘justicia comunitaria’ tiene ciertos límites, definidos por la Constitución: no se puede aplicar a terrorismo, corrupción, homicidio, trata y tráfico de personas y de armas, y otros crímenes graves. Sin embargo, muchos indígenas evitan dirigirse a cualquier órgano de justicia y deciden por su propia voluntad torturar y linchar a los supuestos ladrones o asesinos en nombre de estas normas internas.