Un inmigrante ilegal muere en España al negársele la atención sanitaria

Un centro de salud de Mallorca, España, le negó la atención a un inmigrante senegalés que sufría de tuberculosis por no disponer de la tarjeta sanitaria, afirma la coalición política de izquierdas balear MÉS per Mallorca.
Los miembros de la coalición ya han pedido a las autoridades baleares la dimisión del conceller de Salud, Martí Sansaloni, al que se considera “responsable político” de la muerte por tuberculosis de un joven senegalés de 28 años de edad  al no recibir la atención sanitaria en el centro médico de Inca porque no tenía los papeles necesarios (en particular la tarjeta sanitaria), debido a una medida que el Gobierno español adoptó en septiembre del año pasado por la que los inmigrantes en situación irregular no pueden recibir asistencia sanitaria.

La diputada Fina Santiago señaló en una rueda de prensa que es la primera muerte que se atribuye directamente a los recortes en sanidad. 

El 21 de abril el joven inmigrante acudió a su centro de salud y fue derivado al Hospital de Inca, donde se le denegó la necesaria atención médica por no disponer de tarjeta sanitaria. Unos días después del incidente el enfermo murió en su propio domicilio.   
Lo que ha ocurrido es un apartheid sanitario, que responde a una actitud xenófoba y racista"  
"Era una muerte evitable, ya que con un tratamiento sanitario sencillo esta persona ahora estaría viva", reclamó la diputada de la coalición, quien también ha criticado a Sansaloni por ignorar al Tribunal Constitucional, que presta especial atención al derecho a la Salud y establece que la población del país debe estar por encima del ahorro económico y conservar ese derecho.

"No podemos tener infecciones como la tuberculosis sin controlar. Lo que ha ocurrido es un apartheid sanitario, que responde a una actitud xenófoba y racista", declaró Santiago.

La coalición interpondrá contra el conceller de Salud una denuncia penal por "denegación de auxilio", basándose en varios artículos del código penal que apelan al derecho de la sanidad y clasifican como un delito la  "negación de auxilio o asistencia".