"Somos conscientes de que la gente que entra en Israel habrá tenido un pasado muy duro, por decirlo suavemente, pero aun así, el hecho es que violaron la ley. La legislación les califica de infiltrados. La Policía no distingue entre alguien que se infiltra en la frontera israelí y alguien que agrede a una anciana en una estación de buses. No hay diferencia", insistió el martes el jefe de la División de Investigaciones, Eran Kamin, al presentar un informe al respecto ante un comité de la Knéset (el Parlamento israelí).
Según filtra el diario local 'Haaretz', Kamin apeló a que la llamada Ley de prevención de infiltraciones autoriza a la Policía israelí a usar estos métodos y recoger no solo las huellas digitales y la foto de un migrante para identificarle, sino también muestras bucales de su ADN. Cabe destacar que la semana pasada el mismo diario reportó que para reforzar el fundamento legal para su actuación, la Policía suele abrir causas penales contra los migrantes africanos. Calculó que solo en 2012 abrió causas de este tipo contra 606 personas, a quienes declararon sospechosas de amenazar la seguridad israelí. Se recogió muestras de ADN de las 606.
En su comparecencia el martes ante la Knéset, Kamin admitió que la Policía sí abre causas penales por infiltración cuando un migrante africano cruza la frontera israelí y puntualizó que la apertura de una causa no lleva a formulación de cargos. Según interpreta 'Haaretz', de este modo Kamin confirmó que las causas se abrían exclusivamente para recoger muestras de ADN legalmente. Kamin comunicó, además, que hasta ahora las pruebas de ADN recogidas no han servido para resolver ningún crimen cometido en territorio israelí.
"Es un uso cínico de la Ley de prevención de infiltraciones destinado a incriminar a una etnia específica. Contradice la Convención de la ONU
sobre el estatuto de los refugiados que estipula explícitamente que una infiltración no puede considerarse un delito", opina Alva Kolan, de la Asociación de Derechos Civiles en Israel, según recoge 'Haaretz'. "Si necesitan las muestras de ADN, deben recogerlas de todos", insiste, a su vez, Oscar Olivier, un abogado que suele presentar los intereses de refugiados políticos.