Sociedad
Canadienses embarazadas demandan a una empresa por anticonceptivos defectuosos
Decenas de mujeres en Canadá buscan una compensación de 778 millones de dólares estadounidenses por un fármaco anticonceptivo defectuoso. 40 de ellas quedaron embarazadas y algunas abortaron pese a que se medicaban según las recomendaciones.
Una demanda colectiva por este caso ha sido aceptada esta semana por una corte de la provincia de Ontario. La querella fue presentada contra la empresa farmacéutica Apotex Inc., que admitió recientemente que colocaba en los blísteres de 28 píldoras del medicamento Alysena dos filas de placebo en vez de una.
El fabricante retiró del mercado 50.000 cajas del anticonceptivo que pertenecían a un mismo lote a comienzos de abril, evitando la publicidad. Poco más tarde se reveló que el mismo defecto de fabricación estaba presente en otras partidas, luego de que la retirada fuera extendida a 11 lotes más.
En esta segunda ocasión la operación se hizo pública. La ministra de Salud de Canadá, Leona Aglukkaq, la primera indígena inuk en integrar el Gobierno federal del país norteamericano, ordenó una investigación al respecto. Una vez concluida, llegó la querella de las víctimas.
"El daño es sustancial", consideró la abogada Sandy Zaitseff, encargada de defender los intereses del grupo. Sus clientas, sostuvo, afrontaron pérdidas financieras, éticas, morales y de salud por el embarazo indeseado.
"Solo porque alguien tuvo sexo con otro individuo en el mundo de hoy no significa que ellos deban ser agobiados con los costes de criar a un niño", dijo en un comentario concedido a los medios de comunicación locales. Y agregó que criar a un niño "supone actualmente millones de dólares de gastos".
El fabricante retiró del mercado 50.000 cajas del anticonceptivo que pertenecían a un mismo lote a comienzos de abril, evitando la publicidad. Poco más tarde se reveló que el mismo defecto de fabricación estaba presente en otras partidas, luego de que la retirada fuera extendida a 11 lotes más.
En esta segunda ocasión la operación se hizo pública. La ministra de Salud de Canadá, Leona Aglukkaq, la primera indígena inuk en integrar el Gobierno federal del país norteamericano, ordenó una investigación al respecto. Una vez concluida, llegó la querella de las víctimas.
"El daño es sustancial", consideró la abogada Sandy Zaitseff, encargada de defender los intereses del grupo. Sus clientas, sostuvo, afrontaron pérdidas financieras, éticas, morales y de salud por el embarazo indeseado.
"Solo porque alguien tuvo sexo con otro individuo en el mundo de hoy no significa que ellos deban ser agobiados con los costes de criar a un niño", dijo en un comentario concedido a los medios de comunicación locales. Y agregó que criar a un niño "supone actualmente millones de dólares de gastos".
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