La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Luego que el candidato Carlos Mesa se negara a reconocer su derrota frente al presidente Evo Morales, se registraron masivas manifestaciones de los simpatizantes de ambos políticos que en muchos casos derivaron en violentos disturbios. Asimismo, a invitación del Gobierno de Morales, la OEA se encargó de hacer una auditoría de los resultados, y el 10 de noviembre denunció irregularidades en el proceso electoral, sin presentar pruebas. Tras difundirse ese informe preliminar, Morales llamó al diálogo y convocó a nuevas elecciones, si bien Mesa rechazó estas propuestas y llamó a la población a que mantuviera las movilizaciones hasta que se aceptaran elecciones sin participación del mandatario ni de su vicepresidente, Álvaro García Linera. Horas más tarde se inició una ola masiva de renuncias de varios miembros del Ejecutivo y del Tribunal Supremo Electoral. Tras sugerir el Ejército y la Policía la salida de Morales, el mandatario anunció su renuncia para que los opositores "no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando" a sus "ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar".