Dinamarca aprueba una ley para confiscar los bienes de los refugiados

El Parlamento danés ha aprobado este martes una controvertida ley mediante la cual se podrá  confiscar a los refugiados sus objetos de valor con el fin de costear de este modo su mantenimiento, informa AFP. La medida pretende dificultar las condiciones de acogida de los desplazados y disminuir así su llegada.

Los refugiados que entren en el país podrán tener posesiones por un valor máximo de 1.340 euros. Los artículos de valor sentimental, como los anillos de boda, estarán exentos.

Según las autoridades, las reformas pondrán a los inmigrantes al mismo nivel que los daneses desempleados, los cuales deben vender objetos de valor que superen un cierto nivel para solicitar ayudas.

Además, el Parlamento ha respaldado los planes para retrasar los encuentros familiares de los solicitantes de asilo.

Inmediatas críticas internacionales

En Dinamarca, país en el que residen 5,6 millones de personas, se han registrado 21.000 solicitudes de asilo en 2015, por lo que es uno de los destinos principales de la UE per cápita para los refugiados. La polémica decisión ha provocado una fuerte crítica de la comunidad internacional, que alega que la reforma viola los derechos humanos y de los refugiados.

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Asimismo, el pasado 15 de enero, cuando la ley aún no se había aprobado, en una carta dirigida a la ministra de Inmigración e Integración, Inger Stojberg, el experto en derechos humanos del Consejo de Europa Nils Muiznieks afirmó que la propuesta de ley tiene "problemas de compatibilidad" con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, el canciller Kristian Jensen defendió la nueva ley la semana pasada en un encuentro ante la ONU para la revisión de la política de derechos de Dinamarca: "El Estado de bienestar danés se basa en el muy simple principio de que el Estado va a proporcionar y pagar por aquellos que no pueden cuidar de sí mismos, no por aquellos que sí pueden hacerlo". Jensen y Stojberg se expresaron en la misma línea el pasado lunes al responder a las preguntas de los parlamentarios europeos en la Comisión de Libertades Civiles.