El Consejo Nacional de Francia, la Cámara Baja del Parlamento, ha aprobado una enmienda a la ley de reforma penal que permitirá castigar a los fabricantes de teléfonos móviles que se nieguen a presentar datos privados de sus clientes en el marco de investigaciones de casos de terrorismo, informa TASS.
Según el texto del acto legislativo, "las instituciones privadas que se nieguen a transferir los datos protegidos por el cifrado a los órganos judiciales que investigan crímenes y delitos relacionados con el terrorismo" serán castigadas por la Justicia francesa. La medida se une a una lista de duras medidas tomadas en Francia tras los atentados del pasado noviembre en París.