El ordenamiento jurídico boliviano establece penas de hasta 30 años de cárcel para los militares y policías que se dediquen al tráfico de armas.
Tras firmar la ley, Morales reconoció que él mismo tendrá que regularizar su situación con respecto a las armas, ya que ha recibido algunas como obsequio de militares y policías bolivianos, e incluso de gobernantes de otros países.