El presidente interino de Egipto, Adli Mansur, ratificó una polémica ley que limita las protestas en el país.
Según la ley, se debe notificar a la Policía con una antelación de entre 3 y 15 días, cualquier convocatoria de protestas.
En caso de infringir la norma, se establecen distintas penas para quienes organicen marchas sin avisar, participen en ellas o usen máscaras "para cometer un delito".
Algunos grupos de activistas y defensores de los derechos humanos han alertado de que ese tipo de normas restringen el derecho a celebrar manifestaciones pacíficas.