Las autoridades de Israel han aplazado la puesta en marcha de su plan de reasentamiento forzado de unos 150.000 beduinos de sus campamentos nómadas en el desierto de Néguev
a las localidades oficialmente reconocidas. Los medios de comunicación locales atribuyen la decisión a las críticas y la presión a que fueron sometidas desde el exterior.
El Gobierno del país hebreo fue acusado de racismo, de llevar a cabo preparaciones para una deportación masiva y de establecimiento de unos guetos.
Según el plan, los asentamientos de los beduinos serían demolidos. A cambio, los nómadas obtendrían acceso al suministro de agua y electricidad, transporte público, educación y asistencia médica. Sin embargo, entre los propios afectados la medida encuentra una total desaprobación.