El cura fue encontrado culpable por un tribunal canónico de segunda instancia, que en una sentencia "definitiva e inapelable" lo condenó a "expulsión del estado clerical, que es la máxima sanción dispuesta por el ordenamiento jurídico de la Iglesia". En la nota oficial el obispo de San Felipe Cristián Contreras pidió perdón a las víctimas y a sus familias "por estos gravísimos delitos".
Los delitos que cometió Benavides en los años noventa fueron denunciados en 2005.