La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España ha informado de un caso protagonizado por una clienta de Jazztel, Yolanda Trigo, a la que le exigen el pago de una penalización de 123 euros por romper la permanencia que un familiar fallecido tenía con la compañía.
Según la citada organización de defensa de los consumidores, se trata de una práctica habitual, pero no cuenta con respaldo legal.