La justicia estadounidense declaró a tres activistas antinucleares culpables de interferir en la seguridad nacional y de damnificar la propiedad gubernamental. La pena máxima para el primero de los delitos es un plazo carcelario de hasta 20 años, y para el segundo 10 años.
En julio pasado la monja católica Megan Rice, ahora de 83 años de edad, y dos veteranos de la guerra de Vietnam, Michael Walli, de 64, y Greg Boertje-Obed, de 57, fueron a las instalaciones de Y-12, en Oak Ridge (Tennessee), un centro que produce complementos de armas nucleares y sirve de almacenes para la mayoría del uranio enriquecido que posee EE.UU. Ninguno de los tres estaba armado ni intentó penetrar en la instalación. Tenían martillos y alicates, pero no causaron daño a los edificios, según la Policía. Los tres insisten en que su objetivo era protestar simbólicamente contra la producción de armas nucleares.