Planes políticos, información privada de ciudadanos y hasta la base de datos del Tribunal Electoral, todo en manos del exmandatario panameño. Una investigación conducida por los medios locales, expuso la compra de tecnología de inteligencia por más de 13 millones de dólares, autorizada por el gobierno de Martinelli en 2010. La Constitución panameña establece una pena de hasta 4 años de prisión por la intervención en comunicaciones. El Director del diario “El Telégrafo”, Orlando Pérez, señala que éste destape demanda una respuesta de las autoridades responsables.