En la organización, afirman que las autoridades mexicanas han intentado deslegitimar las denuncias de los familiares de los desaparecidos y cuestionan la forma en que se ha realizado la investigación.
Además ponen en duda de que se haya indagado en profundidad toda esta gama de crímenes, incluyendo la desaparición forzada y el asesinato de seis personas cuando los estudiantes fueron atacados.