El detenido, identificado como Juan Manuel Álvarez Inzunza, operaba una red de empresas y centros cambiarios con ayuda de testaferros. Según la policía mexicana, esta trama pudo haber blanqueado entre 300 y 400 millones de dólares al año, lo que supondría unos 4.000 millones de dólares en la última década. Las operaciones de lavado de dinero se extendieron incluso a otras naciones como Colombia, Panamá y Estados Unidos.