Desde el Gobierno y los movimientos sociales se denuncia que con esta ley la oposición pretende beneficiar a las grandes empresas inmobiliarias y bancarias que, según ellos, buscan reapropiarse de los terrenos donde se han construido estas urbanizaciones, aumentar su precio, eliminar los créditos fijos de entre el 4 y el 8 % que desde el año 2011 la banca está obligada a entregar a las familias más necesitadas, así como a hacer inviable la construcción de viviendas para los más empobrecidos y forzar a los beneficiados de esta iniciativa para que vendan sus viviendas y éstas pasen al mercado secundario privado.