En España se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de la Seguridad Ciudadana y reformas del Código Penal, más conocidas como 'Ley Mordaza'. La legislación genera un fuerte rechazo entre la población porque atenta contra la libertad de reunión, expresión e información. En estos dos años el Gobierno español ha acumulado más de 13 millones de euros en sanciones a ciudadanos.
Cristina Fallarás, una periodista, escritora y defensora de Derechos Humanos que se vio afectada por la polémica ley, señala que las asociaciones de derechos humanos han denunciado la ley ante ONU en numerosas ocasiones, pero que el Gobierno español "no hace caso a las directivas internacionales".