El documento titulado "Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres" revela la existencia de una colusión criminal entre los agentes estatales y la empresa hondureña Desarrollos Energéticos. Se informa que su objetivo fue la construcción a toda costa del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que se oponía la ambientalista.
Además, se resalta el encubrimiento por parte del Estado de las causas de muerte de la activista, asesinada el 3 de marzo del 2016.
Una integrante del grupo investigador, Roxana Altholtz, afirma que se les negó el acceso a la información digital completa que el Ministerio Público había obtenido por medio de la incautación de "docenas y docenas de aparatos electrónicos".
Además, tras la sonada publicación, se han registrado intentos para desacreditar su actividad, lamenta. "Hemos sido objeto de ciertos artículos de prensa que cuestionan el fundamento de nuestros intereses y nuestra agenda, pero eso lo esperábamos, teniendo en cuenta el ambiente y el comportamiento que observamos" en la empresa de Desarrollos Energéticos, afirma la activista.