La administración Trump, en sus intentos por endurecer la legislación en materia de migración y asilo, trató de acabar con la concesión del TPS a los provenientes de 6 de los 10 países que inicialmente formaban parte del programa.
Según el Coordinador de la Alianza Nacional TPS, Mardoel Hernández, la situación de estas personas no se puede disociar de la de los Drimers, ni de la de los beneficiarios del DACA, porque la legalización de unos y deportación de otros supondría la separación de una gran cantidad de familias.