Consejo de Ministros: España activará el artículo 155 ante la "desobediencia rebelde" de Cataluña

El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se halla reunido en la mañana de este martes en sesión extraordinaria para determinar definitivamente la forma en que se aplicará, por primera vez en la historia de la democracia española, el artículo 155 de la Constitución.

La aplicación se materializará en un paquete de medidas que el gobierno del Partido Popular ha pactado con el PSOE y con Ciudadanos, que incluye el relevo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su Consell, para proceder al posterior se nombramiento de un representante que asuma las tareas de coordinación. 

El Gobierno de España considera que se cumplen los dos requisitos que establece la Constitución para aplicar el artículo 155: que "la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España". 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que ha habido una "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y destaca el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de sus obligaciones constitucionales". 

El artículo 155 de la Constitución española, ¿qué es y qué supone para Cataluña?

La entrada en vigor del artículo podría prolongarse hasta tres semanas, pues el proceso legal implica algunos pasos de obligado cumplimiento. Tras el Consejo de Ministros de este sábado, el Gobierno enviará al Senado un escrito en el que debe detallar las medidas concretas que desea adoptar.

La Mesa del Senado remitiría su escrito y la documentación a una comisión que más tarde requeriría al presidente autonómico Carles Puigdemont que remitiera los datos y las alegaciones que considerase oportunas. Teniendo en cuenta esa documentación, la Comisión admitiría o rechazaría las medidas solicitadas por el Gobierno, pudiendo condicionarlas o limitarlas. Su dictamen pasará después al Pleno de la Cámara para su debate. La aprobación definitiva requiere la mayoría absoluta, que en este caso está garantizada siempre que PSOE y Ciudadanos mantengan el apoyo que ya han dado a las medidas propuestas.

Por último, hay que tener en cuenta que la  autorización del Senado no implica que el Gobierno tenga que actuar, ya que puede dar marcha atrás en cualquier momento.