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Excontralor general de Ecuador es procesado en EE.UU. por lavado de dinero en caso Odebrecht
Según la acusación, habría solicitado y recibido más de 10 millones de dólares en sobornos del conglomerado de construcción Odebrecht.
Carlos Ramon Pólit Faggioni, excontralor general de Ecuador, compareció este martes ante una corte federal de Miami (EE.UU.), en un proceso incoado en su contra por un supuesto esquema de cohecho y lavado de dinero vinculado a la firma constructora brasileña Odebrecht, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Según la acusación, con fecha del 24 de marzo y difundida hoy 29, entre los años 2010 y 2016 Pólit habría solicitado y recibido más de 10 millones de dólares en sobornos por parte del conglomerado de construcción Odebrecht, utilizando su "posición oficial" como contralor general del país para beneficiar a la firma con sede en Brasil en las decisiones oficiales de la Contraloría.
Además, los documentos judiciales alegan que recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en 2015, a cambio de ayudarlo con determinados contratos relacionados con la empresa estatal de seguros de Ecuador.
El anuncio fue realizado por el fiscal general Kenneth A. Polite Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense, junto con el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, y el agente Anthony Salisbury, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, a cargo del caso.
Según los informes, el exfuncionario enfrenta un cargo por conspiración para cometer lavado de dinero, tres por encubrimiento de lavado de dinero y dos por participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. De ser declarado culpable, se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años por cada uno de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas, señala el Departamento de Justicia estadounidense.
En Ecuador, el exfuncionario enfrentó un proceso por delito de concusión, en el cual recibió una sentencia de seis años de prisión, y otro por supuesta asociación ilícita, para el que está llamado a juicio. Este último se encuentra suspendido porque se encontraba prófugo y el delito de asociación ilícita no puede ser juzgado en ausencia.
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